Contra la destrucción de la Universidad Pública y el
desvanecimiento
de la Democracia.
MANIFIESTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Las últimas
medidas que el actual gobierno está llevando a cabo,
motivadas por la crisis
económica y con excusa de la necesidad de políticas de
racionalización y austeridad, han dinamitado los cimientos del sistema público de educación. El Real Decreto Ley 14/2012 se ha elaborado y aprobado sin
consulta, debate ni reflexión previa; ejemplo de una gestión totalitaria, oscurantista,
precipitada y nefasta, con una falta absoluta de respeto a las estructuras públicas y democráticas. Todo esto desvela
un desconocimiento absoluto, o estratégico, de la Universidad Pública y el papel que ésta juega en la
construcción de una sociedad justa e igualitaria.
La primera lesión se produce en las enseñanzas
pre-universitarias, donde se aumenta la carga de los docentes, se disminuye la tasa de reposición del
profesorado y se amplía el número de estudiantes por aula. Esto encamina la enseñanza básica hacia la
masificación, lo que unido a la reducción de un único tipo de Bachillerato por centro público, genera el primer
filtro en el acceso a la Universidad y traerá como consecuencia una merma importante de la calidad de la
enseñanza.
Las medidas impuestas a la Universidad Pública son aún más
graves, al atacar los pilares
esenciales sobre los que ésta se ha ido construyendo desde
la llegada de la democracia: su autonomía, su gestión democrática y el acceso en igualdad de condiciones
para el conjunto de la sociedad. Al recorte presupuestario general hay que añadir el aumento de los
costes de la matrícula, que incrementan desproporcionalmente en las sucesivas convocatorias y la
exigencia a los estudiantes extracomunitarios del pago del 100% de sus estudios.
También se recortan las
becas y se endurecen los requisitos para su obtención. El conjunto de estas medidas atenta contra el
principio de igualdad de oportunidades para el
acceso a la educación superior destacando su carácter
xenófobo y elitista, atentando violentamente contra las clases sociales más desfavorecidas.
Lo mismo sucede con los estudios de Máster, que disparan sus
costes, dificultando la formación de un nuevo tejido de doctores e investigadores, lo que daña
a corto plazo la capacidad de renovación, investigación e innovación de la Universidad Pública. El
desprecio del talento y la fuga de cerebros será una realidad en este país.
La exigencia al
profesorado del aumento de su carga docente, unido a criterios de
meritoriaje, provocará en primer lugar la lesión del desarrollo y acceso
a la investigación, y su desvinculación con la docencia. La investigación es la garantía de la
actualización y renovación de los contenidos en un continuo flujo de respuesta a las distintas demandas sociales. La
Universidad no puede quedar al margen de la sociedad a la que sirve, y este Decreto atenta contra éste concepto, lesionando y
estancando los contenidos de las enseñanzas. En segundo lugar y debido al aumento de horas de docencia,
esta medida significará la expulsión de los contratos más débiles que existen en la universidad,
aquellos que curiosamente suelen recaer en la plantilla docente más joven. Una de las figuras que se pone
en crisis es la del profesorado asociado universitario, modelo de docente precario que al ejercer la
actividad profesional vincula las enseñanzas
con el ámbito laboral, herramienta esencial para conectar
estas realidades.
La expulsión del profesorado significará el aumento de estudiantes por aula,
masificándolas y disminuyendo la calidad de la docencia. Es un paso atrás en
los progresos que se han conseguido en los últimos años, dirigiéndonos hacia una relación entre docente
y estudiante meramente de trámite y finalista, destruyendo cualquier
mejora en pro de un avance
pedagógico o relación colectiva en el proceso de aprendizaje, compromiso pendiente de la Universidad
Española.
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